El de mayo la Corte Interamericana de

El 29 de mayo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos exigió cyclin dependent kinase inhibitor las autoridades del país que iniciaran de manera urgente todas las medidas que sean necesarias y efectivas para que los médicos puedan evitar daños que podrían llegar a ser irreparables en la vida, integridad personal y salud de la joven (véase ). Un día antes, la Sala de lo Constitucional de la Suprema Corte de Justicia de El Salvador dictaminó lo contrario: “Los derechos de la madre no pueden privilegiarse sobre los del nasciturus (por nacer) ni viceversa”. Enfatizó, asimismo, que “existe un impedimento absoluto para autorizar la práctica de un aborto por contrariar la protección constitucional que se otorga a la persona humana desde el momento de la concepción, como manda el artículo 1° de la Constitución de la República”. En ese momento, Beatriz ya había superado las 20 semanas de embarazo. Los miembros de la Corte Suprema de Justicia tardaron 48 días en emitir un fallo en contra del amparo. Al respecto, la Ministra de Salud afirmó: “Hemos analizado el fallo del Constitucional y creemos que nos da la capacidad de actuar sin contravenir la Constitución. La corte reconoce que se debe hacer todo lo posible para salvar la vida de Beatriz y dictaminan que se pongan todos los cuidados y los medios disponibles para ello. Eso significa que deja todo en manos de las autoridades de salud y yo, como máxima autoridad de salud, evaluada la actuación de los médicos, considero que si se presenta la necesidad de interrumpir el embarazo eso no sería un aborto, sino un parto inducido. De manera que ni la mujer ni los facultativos tendrían consecuencias legales” (Sahuquillo 2013b).
Tensiones entre las organizaciones sociales, los grupos pro vida y la jerarquía de la iglesia católica Desde la década de los 80, el número de organizaciones sociales que trabajan en América Latina por los derechos humanos de las mujeres y sobre todo a favor de su salud, se incrementó significativamente. Sin embargo, el término organizaciones sociales es ambiguo en la medida en que lo usan agrupaciones que defienden tanto ideologías conservadoras como progresistas y, como sucede en el caso que estamos analizando, puntos de vista opuestos. Durante el lapso transcurrido entre marzo y junio de 2013, se dio un prolongado debate entre organizaciones feministas y en pro de la defensa de los derechos sexuales y reproductivos, y aquellas identificadas con los principios de la Iglesia católica defendidos principalmente por la Conferencia Episcopal de El Salvador. Como se expuso en el punto anterior, la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local de El Salvador, la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico (acdatee), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (cejil), el Foro Nacional de Salud y otros grupos impulsaron una lucha sistemática por la defensa de los derechos de Beatriz, la respaldaron en su solicitud de que se le practicase un aborto terapéutico, la asesoraron a Gene dosage lo largo del proceso judicial y la apoyaron emocional y psicológicamente antes y después de que se resolviera su embarazo con la práctica de una cesárea. Un elemento decisivo del accionar de estas organizaciones fue su importante contribución al despliegue de una movilización internacional que logró que la situación de Beatriz tuviera amplísima cobertura no solamente en periódicos y medios de comunicación latinoamericanos, sino también europeos y estadounidenses. Además de las recomendaciones producidas por la cidh y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, diversas organizaciones internacionales se movilizaron a favor de Beatriz. Amnistía Internacional (ai), recogió firmas respaldando su deseo de interrumpir el embarazo. ai recibió 154 970 cartas y las entregó a Mauricio Funes, Presidente de El Salvador y a los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Además, les hizo llegar un documento del Grupo Parlamentario Interamericano sobre Población y Desarrollo, que expresaba su solidaridad e incluía las firmas de legisladores de países latinoamericanos así como de Europa, Australia, Asia y África (véase ).